Este barrió conocido como la Fortaleza, lleva acentuado varios años en la localidad de Fontibón, comparte vecindad con Atahualpa y El Refugio.
Algunos barrios con ocupación irregular generan interés político a nivel distrital y local, siendo común apoyar y/o ayudar el surgimiento de barrios ilegales a través de promesas de legalización, fortines políticos ya denunciados.
Los barrios ilegales son difíciles de identificar, estas son ocupaciones donde existen falsas escrituras como “PROMESAS de compraventa”, tenencias del terreno entre otras.
De forma curiosa o casual, este será un tema de la edil citante Liliana Bernal del partido Cambio Radical, legalización del barrio Fortaleza.
La Junta Administradora Local celebrará la JAL al barrio, en tierra o parcela donde no existe titulación y del que estuvo en boca en el 2019 en epoca electoral.
La sesión de la JAL está programada para el lunes 24 de mayo/21 a las 9:00 AM en el Barrio Fortaleza.
La veeduría local u observatorio ciudadano, le ha recomendado a la administración local poner lupa sobre los terrenos fiscales, de cesión y espacio público. Así quedó registrado en la rendición de cuentas, a partir del minuto 17 del video.
Quien tiene la competencia del terreno o barrio denominado la Fortaleza.
Es la CVP (Caja de Vivienda Popular) la encargada de estudiar y dar la titulación de predios. Primero se debe legalizar el barrio, los barrios legalizados inician como estrato 1 o 2 según corresponda el estudio técnico, posteriormente el Distriro otorga una escritura y registro de cada inmueble. Un proceso que se divide en dos fases y podría demorar varios años.
Los servicios públicos domiciliarios.
Algunos argumentan que los servicios públicos como: Energía, alcantarillado, y acueducto darían lugar a la legalización del barrio, pero el surgimiento de los barrios ilegales o irregulares se basan en conexiones fraudulentas.
Es asi, como las conexiones fraudulentas son retiradas por las empresas de servicios públicos. Sin embargo, vuelve a existir una reconexión irregular.
En consecuencia las empresas públicas, prefieren asignar un contador y cobrar por el servicio asignado a un titular o inmueble, y así mitigar o evitar las reconexiones fraudulentas.
Por último, el agua es un derecho fundamental que debe suministrarse y el alcantarillado un tema de salud pública.